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Desde Red PaPaz presentamos petición a la DIAN para conocer los detalles de la implementación de los impuestos saludables. En este sentido solicitamos  dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. Confirmar si los elementos de los tributos anteriormente referidos son correctos, o existe alguna imprecisión en las tablas referidas.
2. De acuerdo con lo establecido en la norma, entendemos que estos tributos empezarán a aplicar el 1 de noviembre de 2023, sin embargo, pedimos que nos informen cómo será la transición relacionada con el incremento de las tarifas.
3. ¿Cómo se adelantará el proceso de fiscalización de los impuestos saludables por parte de la DIAN?
4. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 513-1 y el parágrafo 2 del artículo 513-6 ¿Cómo se va a garantizar y monitorear la fiscalización de los productos de consumo interno, así como los que se exportarán?
5. ¿Cuáles van a ser las empresas que van a quedar excluidas de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y los productos comestibles ultra procesados?
6. ¿Es posible que la DIAN divulgue una lista con la identificación de las empresas que se encuentran excluidas del pago de los impuestos saludables, con el propósito de que las partes con las que sostienen relaciones comerciales y jurídicas conozcan información que es necesario en distintos trámites (emisión de facturas, entre otros)?
7. ¿Cómo se va a determinar sobre qué productos comestibles ultra procesados aplica el impuesto?
8. ¿Cómo se determinarán cuáles son los productos excluidos? ¿Cuál será la fuente de información que utilizará la DIAN para ello? Lo anterior debido a que la ley establece como bienes excluidos los siguientes: donaciones, exportados, productores con ingresos menores a 10.000 UVT por actividades gravadas con los impuestos saludables.

Manifestamos nuestro respaldo a la demanda presentada en Ecuador en contra de la Política Pública (Decreto 645), proferido por el presidente Guillermo Lasso en enero de 2023, el cual revirtió la decisión que pretendía ajustar por la inflación el impuesto a consumos especiales (ICE) de cuatro tipos de productos que atentan contra la salud de los seres humanos y la naturaleza: tabaco, alcohol, bebidas
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