Bogotá D.C., 5 de agosto de 2021. Después de más de 5 años de arduo trabajo por parte de la academia y la sociedad civil, la #LeyComidaChatarra fue sancionada por el Presidente Iván Duque Márquez, luego de que fuera aprobada por unanimidad en el Congreso de la República el pasado 20 de julio. Según el texto aprobado, las bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados “…deberán implementar un etiquetado frontal donde se incorpore un sello de advertencia, que deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos”
El siguiente paso está en manos del Ministerio de Salud, quien durante los próximos 12 meses deberá reglamentar la norma que establece que las bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados cuenten con sellos frontales. De esta forma, la cartera de salud deberá establecer las características del etiquetado (forma, color, tamaño), así como los límites a partir de los cuales se considera que el producto tiene exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio o grasas saturadas, basándose en la mayor evidencia científica disponible sin conflictos de intereses.
Esta sanción ha sido el clamor de cerca de 290.000 personas que firmaron la petición #NoComasMásMentiras exigiéndole al Estado que Colombia acoja las recomendaciones de organismos internacionales de implementar políticas costo efectivas para la reducción de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, beneficiando especialmente a niñas, niños y adolescentes. Cabe recordar que el etiquetado es solo una de las cuatro medidas necesarias, pues también nos hace falta contar con la restricción de publicidad de comida chatarra dirigida a la niñez y adolescencia, la creación de entornos escolares alimentarios saludables y los impuestos a las bebidas endulzadas.
Esta ley llega en un momento muy importante para Colombia, no solo por los altos niveles de obesidad con los que contamos, donde 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan la misma situación, sino también debido a la crisis de salud producida por el COVID-19 ya que el consumo habitual de productos ultraprocesados se relaciona con obesidad, diabetes e hipertensión y que estas tres condiciones aumentan la severidad y el riesgo de morir a aquellos que contraen COVID-19.
Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz “Este es un paso en la dirección correcta para la efectiva garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos urge ahora que Min Salud reglamente de manera acorde con la mayor evidencia científica disponible libre de conflicto de interés y que acepte la derogación automática de la resolución 810 de 2021. Pues dicha reglamentación obedece a acuerdos con la industria de productos ultraprocesados, pero no responde a las necesidades de nuestra salud”
