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Bogotá, 14 de diciembre de 2021 – Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo la audiencia “Derecho a la Alimentación de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe” donde dieciséis organizaciones de la sociedad civil de la región presentaron evidencia sobre el contexto regional y la situación alimentaria de niñas, niños y adolescentes en Colombia, el Caribe, Centroamérica, Cono Sur (Argentina y Uruguay), Países Andinos y América del Norte.

Adicionalmente, durante las ponencias se presentó el panorama del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la alimentación y se expusieron argumentos relacionados con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos para promover entornos alimentarios saludables.

Esta audiencia se realizó en un momento crítico dada la preocupante relación entre el COVID-19 y las crecientes tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas con la malnutrición, particularmente de la población infantil, el incremento de ventas de productos comestibles y bebibles ultraprocesados y los cambios en los patrones alimentarios en estos países.

“El reconocimiento de la CIDH sobre la importancia de este tema es un hito histórico para las políticas de derechos humanos y alimentación,” dijo Juan Carlos Morales, director de FIAN Colombia. Además, fue enfático en afirmar que “a medida que nuestra región continúa enfrentando una carga enorme de malnutrición, sobrepeso y obesidad como resultado de la falta de acceso a alimentos nutritivos, es imperativo resaltar por qué los gobiernos deben proteger el derecho a acceder a alimentos saludables y nutritivos en estos respetados espacios internacionales.”

En el ámbito regional, existe un impulso creciente por la adopción de políticas de alimentación saludable basadas en evidencia científica sin conflicto de interés. Particularmente, en la audiencia se resaltó la urgencia de implementar, en toda la región, el impuesto a bebidas endulzadas y el etiquetado frontal de advertencia en los productos ultraprocesados. Recientemente, Argentina y Colombia se unieron a Chile, México, Perú y Uruguay en la aprobación de iniciativas de etiquetado frontal de advertencia para comestibles y bebidas ultraprocesados.

Para el caso de Colombia, a pesar de que hace 4 meses el Presidente de la República sancionó la #LeyComidaChatarra, el Ministerio de Salud no la ha reglamentado y en cambio ha venido promoviendo la Resolución 810 de 2021, no se basa en la mayor evidencia científica sin conflicto de interés, fue publicada antes de la sanción presidencial, contradice lo dispuesto en ella y puede implicar un retroceso y costos adicionales para la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada.

Por su parte, en los países donde se ha implementado el etiquetado frontal de advertencia se han evidenciado reducciones significativas en el contenido de azúcares, sodio y calorías en los comestibles y bebidas que se ofrecen. Más de 45 países han aprobado impuestos a las bebidas azucaradas, incluido México, que ya ha visto una disminución en las ventas de estas bebidas no saludables. Otros gobiernos como el de Chile y Argentina han emitido regulaciones que protegen el entorno escolar de la comercialización de comestibles ultraprocesados y garantizan la disponibilidad de alimentos saludables económicos para todas las escuelas.

“Dada la alta carga de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes en Colombia, felicitamos a la CIDH por reconocer este tema tan importante,” dijo Carolina Piñeros Ospina, directora Ejecutiva de Red PaPaz. “Esta importantísima audiencia subraya la necesidad de que el Gobierno priorice la salud de las generaciones presentes y futuras sobre los intereses privados por medio de la adopción de políticas de alimentación saludable, tales como los impuestos saludables a las bebidas endulzadas y el etiquetado octogonal de advertencia (Ley Comida Chatarra)”.

En julio de 2022 presentamos escrito ante el Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva en segunda instancia la tutela para el regreso a la educación presencial. Esta decisión ha debido ser adoptada el 6 de mayo de 2021. Sin embargo, a la fecha no se ha proferido una decisión.

En septiembre presentamos queja en contra del Tribunal Superior de Bogotá por el incumplimiento de los términos para resolver en segunda instancia la acción de tutela de #LaEducaciónPresencialEsVital. Esta tutela buscaba acelerar el regreso a la presencialidad, pero fue no debidamente atendida por el Tribunal.

Bogotá, D.C. 3 de febrero de 2022. Recientemente la revista especializada Frontiers in Nutrition, publicó un estudio sobre cereales de desayuno y barras de cereales listos para consumir ofertados en Colombia que encontró que la mayoría de los productos de cereal listos para el consumo ofrecidos en las grandes cadenas de supermercados del país, contienen mensajes de propiedades o beneficios nutricionales, ambientales o de salud, a pesar de no ser saludables por contener exceso de azúcares, grasas saturadas o sodio. La investigación analizó 178 productos disponibles en supermercados de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla entre agosto y noviembre de 2018.

Los principales hallazgos de la investigación son:

–       El 100% de los cereales de la muestra resultaron tener un contenido excesivo de al menos un nutriente crítico para la salud (azúcares, sodio o grasas saturadas), según la definición del Modelo de Perfil de Nutrientes de Chile.

–       91% de estos productos incluía una declaración relacionada con aspectos nutricionales, naturales o de salud, en donde:

• 66% contenían afirmaciones relacionadas con que el producto era “natural”, “contenía fruta” o “con granos de maíz origen natural”
• 57% contenían declaraciones relacionadas con el contenido nutricional, como “buena fuente de vitaminas y minerales”
• 16% de los cereales contenían declaraciones que se relacionaban con la salud, con mensajes como “siéntete bien con tu digestión”.

–       La mayoría de los productos con declaraciones (89%) tenían un contenido excesivo de azúcares, y el 99% tenían un contenido excesivo de calorías.

–       Más de un tercio de los productos con declaraciones contenían un edulcorante sin calorías, un sustituto del azúcar que puede promover una mayor preferencia del consumidor por el sabor dulce.

Los cereales listos para el consumo son un tipo de producto ultraprocesado que, para ser consumidos, no requieren de cocción o preparación previa, y resultan atractivos para los consumidores por sus sabores intensos, su precio, su fácil disponibilidad y larga durabilidad. Sin embargo, tienen un alto contenido de nutrientes críticos, lo cual ha sido ampliamente estudiado y asociado a un aumento de la ingesta calórica, lo que a su vez incrementa el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta.

La investigación, realizada por expertos de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Nacional de Colombia, tuvo como objetivo comparar la calidad nutricional de los cereales listos para el consumo y evaluar la presencia y la frecuencia con que aparecían declaraciones naturales con menciones como “natural” o “mínimamente procesado”; declaraciones nutricionales, por ejemplo, “vitaminas o minerales”; y declaraciones de salud, que muestra una  relación entre la ingesta del producto o un ingrediente en específico y un beneficio en la salud.

Los resultados de este estudio reafirman la urgencia de implementar medidas que restrinjan la inclusión de todo tipo de declaraciones en los empaques cuando los productos tengan edulcorantes no calóricos o exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas, sobre todo cuando en Colombia, 1 de cada 4 niños en edad escolar (5 a 12 años) tiene exceso de peso y la mitad de los adultos afrontan la misma situación.

En julio de 2021, Colombia dio un paso importante en materia de salud pública al aprobarse la #LeyComidaChatarra; sin embargo, han pasado casi 6 meses y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, aún no la ha reglamentado. A través de www.nocomasmasmentiras.org las personas pueden enviarle un correo electrónico para pedirle que lidere, con rigor científico y agilidad, la reglamentación.

Para María Fernanda Parra, Mercedes Mora y Luis Fernando Gómez, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, es fundamental que el gobierno restrinja la presencia de declaraciones nutricionales, de salud y ambientales, como parte de su responsabilidad de promover una nutrición y salud adecuadas de niños, niñas y adolescentes, pero también de toda la población colombiana.

Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, sigue siendo prácticamente imposible identificar los excesos en los productos ultraprocesados, el COVID ha mostrado que es una necesidad urgente, pero Colombia sigue rezagado. Seguiremos muy de cerca las actuaciones del Ministerio.

Figura 1. Ejemplos de cada uno de los tipos de mensajes encontrados en los productos

Red PaPaz participó en un informe de la organización estadounidense Fairplay, que muestra que los niños de Latinoamérica, EE.UU., Australia y África tienen menos protección que sus pares europeos en TikTok, WhatsApp e Instagram

Bogotá, D.C.; 12 de julio de 2022. Fairplay y otras organizaciones, incluidas el Centro de Internet Seguro Viguías de Red PaPaz, presentaron los resultados de una nueva investigación que muestra que niñas, niños y adolescentes de todo el mundo tienen un acceso desigual a las protecciones de privacidad y a los términos y condiciones de las plataformas en TikTok, WhatsApp e Instagram.

De acuerdo con el estudio “Plataformas globales, protecciones parciales”, niñas, niños y adolescentes de países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Etiopía, Ghana, Indonesia y Sudáfrica no cuentan con los mismos controles y configuraciones de protección que las personas menores de edad de Europa.

El informe destaca una serie de desigualdades en las características de las plataformas que utilizan menores de edad en 14 países. TikTok, por ejemplo, ofrece protecciones adicionales para las personas menores de edad en Europa con el fin de proporcionar “una experiencia adecuada a la edad”. En otros lugares, sin embargo, los usuarios menores de 18 años no cuentan con estos servicios.

Además, cada plataforma tiene diferentes requisitos de edad mínima según el país, a pesar de ofrecer los mismos servicios en todo el mundo. Mientras que en Alemania un adolescente debe tener al menos 16 años para abrir una cuenta de WhatsApp, en Brasil basta con que tenga 13 años.

Otra de las características analizadas es la privacidad que tienen por defecto las cuentas de redes sociales de usuarios de 17 años. Mientras que en Alemania la cuenta de estos usuarios es privada por defecto, en Colombia, las plataformas ofrecen la posibilidad de elegir o directamente se abre pública, exponiéndolos a mayores riesgos.

Muy preocupados por esta situación, varias organizaciones de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas Red PaPaz (Colombia), el Instituto Alana (Brasil), la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), el Canadian Centre for Child Protection (Canadá), entre otros, enviaron una carta al director general de TikTok, Shou Zi Chew, solicitando que se eliminen las discriminaciones en materia de diseño evidenciadas en el informe y que atienda las recomendaciones del informe que instan a los gobiernos a crear políticas públicas que obliguen a las plataformas a aplicar configuraciones y términos de servicio que protejan al máximo el bienestar y la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

“Es preocupante pensar que estas empresas eligen a cuáles niñas, niños y adolescentes les ofrecen las mejores protecciones de seguridad y privacidad y a cuáles no. Es razonable esperar que, una vez que una empresa haya encontrado cómo hacer que sus productos sean un poco mejores para las personas menores de edad, lo extiendan a sus usuarios menores de 18 años de todo el mundo. Pero, una vez más, las empresas de redes sociales nos defraudan y siguen diseñando riesgos innecesarios en sus plataformas”, dijo Rys Farthing, autora del informe e investigadora de Fairplay. “Los gobiernos deben intervenir y formular políticas que obliguen a los proveedores de servicios digitales a diseñar sus productos de forma que sean lo más seguras posibles para niñas, niños y adolescentes. Muchas jurisdicciones de todo el mundo están explorando este tipo de regulación”, añadió Farthing.

Uno de los firmantes de la carta y participantes del estudio, João Francisco de Aguiar Coelho, del Instituto Alana de Brasil, argumentó “Las conclusiones del informe muestran que las propias empresas de redes sociales están profundizando las desigualdades y promoviendo la discriminación entre sus usuarios menores de edad. No ofrecer a niñas, niños y adolescentes del Sur Global las mismas protecciones que se conceden a sus pares europeos es inaceptable. Los niños son niños y merecen una protección especial, independientemente de su lugar de origen”

Por su parte, para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, “es urgente que las plataformas digitales, las empresas de redes sociales y los gobiernos se tomen en serio la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los entornos digitales ofrecen muchas oportunidades para ellas y ellos, pero también tienen riesgos, por lo que es fundamental que las empresas tecnológicas diseñen servicios cada vez más seguros y confiables para todos los usuarios menores de 18 años, y los apliquen de manera igualitaria en todas partes.”

Bogotá, D.C.; 5 de julio 2022. En una comunicación dirigida a Ángela María Orozco, Ministra de Transporte, organizaciones de la sociedad civil reconocieron las acciones adelantadas en el país en materia de seguridad vial. Entre los avances del gobierno nacional, se destaca la futura expedición del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2030 con enfoque de sistemas seguros, la próxima sanción de la #LeyJuliánEsteban y la aprobación en primer debate del proyecto de ley de adhesión al Acuerdo de 1958 de Naciones Unidas sobre estándares vehiculares.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran, Despacio, Centro de estudios en Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Fundación Gonzalo Rodríguez, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y Red PaPaz, celebraron que Colombia suscribiera la declaración política, que se firmó en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Vial en las Naciones Unidas en Nueva York del 30 de junio al 1 de julio de 2022. De esta forma, el país confirma su compromiso con la meta global de reducir en 50% en fatalidades y heridas graves entre 2021 y 2030, desarrollando los lineamientos del Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial.

Sin embargo, las organizaciones le solicitaron avanzar con:

• La actualización de los reglamentos técnicos para las llantas, frenos, acristalamiento, cinturones de seguridad y anclajes, y bandas reflectivas que surtieron de los procesos de Análisis de Impacto Normativo, y de consultas nacionales e internacionales. Estos reglamentos, que debían ser actualizados en 2018, deben ser adoptados de manea urgente para avanzar en la protección de ocupantes y personas fuera de los vehículos ya que tienen el potencial de reducir en más de un veinte por ciento (20%) las fatalidades viales.

• Actualizar la normativa existente para que se exija el uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de calidad y se regulen las condiciones que deben cumplir los importadores para que en el mercado se ofrezcan elementos de seguridad adecuados para la movilidad de niñas y niños.

• La expedición y reglamentación de la #LeyJuliánEsteban que busca la adopción de los principios de los sistemas seguros en Colombia, entre ellos la adopción del límite de 50 km/h en vías urbanas, el desarrollo de planes de gestión de la velocidad y la garantía de recursos humanos y tecnológicos para hacer la debida fiscalización de estos procesos. Estas medidas permitirán avanzar en la protección de actores vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022), los eventos de transporte representan la segunda causa de lesión fatal por causa externa en la población entre 0 y 14 años. Entre el 2010 y 2021, el 23% de niñas y niños que murieron en siniestros viales, estaban dentro de un vehículo; el 24% estaban en una motocicleta.

De acuerdo con Patricia Calderón “Desde Despacio, reconocemos la importancia de trabajar en pro de la seguridad vial desde una mirada integral, que tenga en cuenta que existe el error humano y que permita salvar las vidas de las personas vulnerables de las vías”.

De acuerdo con Isabel Pereira Arana, Subdirectora (e) Misional de Dejusticia, “Abogar por la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes hace parte de las obligaciones de los Estados en el marco de sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de Derechos Humanos, en particular para garantizar y proteger, los derechos a la vida, integridad y salud”.

De acuerdo con Juan Pablo Bocarejo, del Grupo SUR de la Universidad de los Andes, “el compromiso de Colombia para reducir en 50% las fatalidades en siniestro viales en la próxima década requiere de una visión ambiciosa y un trabajo coordinado de la sociedad civil, la academia, el congreso y el gobierno”.

Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, “la agenda de seguridad vial es una agenda de salud pública y de derechos humanos, especialmente para la protección de jóvenes, niñas y niños cuyas vidas estamos truncando por no tomar acciones oportunas. Seguiremos apoyando el avance y haciendo seguimiento a las medidas que se requieren para lograr las metas de las Naciones Unidas en nuestro entorno”