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Logros y Acciones

Colombia ya tiene un #ImpuestoSaludable a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los comestibles ultraprocesados. Esto es un avance importantísimo para las políticas de salud pública
Sin embargo:
1. Las tasas están muy bajas, lejos de lo recomendado por OMS y por los estudios para el país.
2. Empieza a grabar a partir de los 6 gramos de azúcar que es muy alto. Quedan muchas bebidas dañinas excluidas.
3. No incluye a las bebidas con edulcorantes no calóricos, por lo que se va a incentivar una sustitución indeseable de azúcares por edulcorantes, también dañinos para la salud (ej: bebidas zero, light).
4. Los tiempos de implementación son muy largos, por lo que la disminución de consumos nocivos solo vamos a poder medirla a partir de 2026.

Seguiremos trabajando de la mano de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los tomadores de decisión para avanzar en el derecho humano a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió una acción popular iniciada por Red PaPaz en 2019 y le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que modifique la Resolución 810 de 2021 y establezca un sistema de etiquetado frontal de advertencia que se apoye en la mayor evidencia científica libre de conflicto de interés, de acuerdo con lo establecido en el estudio elaborado por la Universidad de Antioquia. Asimismo ordenó la creación de un comité de verificación del cumplimiento integrado por Red PaPaz, FIAN y Educar Consumidores. Esta decisión marca un hito en la protección de la salud en Colombia.

 

La Fundación Anáas, el Instituto Nacional de Cancerología, Red PaPaz, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi – PROESA -, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud – OPS, se pronuncian y reiteran su petición para que en la actual Reforma Tributaria se incluya el nuevo impuesto a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, y se triplique el impuesto al tabaco.

Elevar las tasas del impuesto al tabaco es una medida de comprobada eficacia, a nivel mundial, que logra salvar millones de vidas, reducir la pobreza e incrementar los recursos internos del país para financiar el desarrollo.

En Colombia, con estas medidas se salvarán 445 mil vidas, se recaudará un billón de pesos que se podrán invertir en atención en salud y programas sociales; un millón de personas dejarán de fumar, se protegerá a niñas, niños y adolescentes, la población más afectada por el tabaquismo; y se reducirá el daño al medio ambiente.

Estas son las 10 razones basadas en evidencia científica libre de conflicto de interés local e internacional que respaldan la petición, a partir de una experiencia acumulada por décadas de implementación y evaluación en países tanto de ingresos altos, como medios y bajos:

  1. Se evitarán 445 mil muertes prematuras y 16 mil casos de muertes por exposición al humo de segunda mano.
  2. Se prevendrá una avalancha de cáncer en Colombia.
  3. Se recaudará hasta 1 billón de pesos adicionales, recursos que se pueden invertir en programas sociales y de atención a la salud.
  4. Se podrá lograr que un millón de personas dejen de fumar.
  5. Se reducirá considerablemente 17 billones de pesos que gasta el país cada año por atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
  6. Se reducirá la brecha del precio del cigarrillo en Colombia frente a otros países, puesto que continúa siendo uno de los más bajos de la región.
  7. Se abrirán nuevas oportunidades para combatir el comercio ilícito que, en el país, es moderado.
  8. Se protegerá a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
  9. Se evitará mayor pobreza y desigualdad.
  10. Se cuidará el medio ambiente.

¿Cómo se sustentan estas 10 razones?

  1. Se impedirá 445 mil muertes prematuras y 16 mil casos de muertes por exposición al humo de segunda mano[1]

84 personas murieron cada día en Colombia por causa del tabaquismo en 2019. Según los economistas Norman Maldonado y Blanca Llorente, al triplicar el impuesto, el menor número de fumadores se traduce en menos casos de enfermedades no transmisibles por las que morirían prematuramente quienes hoy fuman.

  1. Se evitará una avalancha de cáncer en Colombia

Según un estudio sobre control del cáncer en América Latina, realizado por diversas organizaciones científicas y médicas, se estima que el cáncer en Colombia aumentará de 148.600 nuevos casos en 2030, a 189.988 en 2040. Entre 2018 y 2030, el aumento de casos de cáncer será del 45.8%. Si no se toman medidas inmediatas, estos casos podrían aumentar en un 86.5%, entre 2018 y 2040. Además, el cáncer es responsable de cerca de 20% de las muertes en el país.[2]

El tabaquismo provoca más de 200 enfermedades no transmisibles, principalmente cáncer, y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 80% de las enfermedades no transmisibles son prevenibles, pero esto requiere de medidas audaces para reducir sus factores de riesgo, en su mayor parte, políticas que no dependen del sector salud, como los impuestos.

  1. Se recaudará hasta 1 billón de pesos adicionales, recursos que se pueden invertir en programas sociales y de salud.

En 2021, solamente por el impuesto específico, se recaudó 1.2 billones de pesos. Un monto que no compensa los costos directos que debe asumir el sistema de salud del país y otros gastos asociados. Al triplicar el impuesto se sumará 1 billón más a este recaudo, para un total de 2 billones.

  1. Se logrará que un millón de personas dejen de fumar

La medida más costo-efectiva para el control del tabaco que se ha implementado en Colombia ha sido el aumento del impuesto a su consumo. Desde que se triplicó esta tarifa, en 2016, un millón de colombianos han dejado de fumar. Según el DANE, la prevalencia o porcentaje de fumadores pasó del 8.3%, en 2016, a 5.6%,[3] en 2021, la cifra más baja que se ha registrado en el país.

El impuesto aceleró la reducción en el número de fumadores y es una medida necesaria para fortalecer las demás políticas de control de tabaco. Podríamos lograr una reducción similar con el nuevo incremento de la tarifa.

  1. Se recaudará considerablemente los 17 billones de pesos que gasta el país cada año por el tabaquismo

En total, se ahorrarán $6,5 billones de pesos, que es lo que le cuesta al sistema de salud tratar enfermedades asociadas con el consumo del tabaco, y $10,6 billones por pérdidas de capacidad productiva, un monto que en 2017 representó el 1,8% del PIB[4].

  1. Se reducirá la brecha del precio del cigarrillo en Colombia frente a otros países, puesto que continúa siendo uno de los más bajos de la región.

El valor del cigarrillo en 2020 ubica a Colombia en el quinto lugar de precio más bajo, comparado con otros países[5].

Los países con los precios más altos de la región son: Jamaica, República Dominicana, Ecuador, Bahamas, Canadá, Nicaragua, Suriname, Panamá, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Chile, México, El Salvador, Antigua y Barbados y Perú.

  1. Se abrirán nuevas oportunidades para combatir el comercio ilícitoque, en el país, es moderado.

El comercio ilícito de tabaco ha sido utilizado globalmente por la industria tabacalera como una excusa para frenar el aumento de impuestos a estos productos. Se calcula que luego de triplicar el impuesto al consumo del tabaco, en 2016, el crecimiento del contrabando de cigarrillos más baratos fue del 4 al 5%, una cifra que se encuentra dentro de un rango moderado, muy por debajo de las cifras que mencionan las tabacaleras ese año (14%).

Por lo tanto, no es un argumento que justifique frenar el aumento del impuesto, sobre todo cuando se compara con sus beneficios para la salud pública y la economía. El contrabando debe combatirse implementando mayores controles y medidas anticorrupción.

  1. Se protegerá a niñas, niños y adolescentes

El aumento del precio del tabaco es una barrera de acceso principalmente para niñas, niños y adolescentes que son el 38% de los fumadores en Colombia, los que más responden a aumentos de precios y el consumidor objetivo de quienes comercializan los cigarrillos electrónicos y vapeadores.[6] Su uso es puerta de entrada para el consumo de otras sustancias psicoactivas, y es más probable que los jóvenes que vapean consuman cigarrillos. [7]

  1. Se evitará más pobreza y desigualdad

La epidemia del tabaquismo representa una amenaza para el desarrollo sostenible de los países[8]. El consumo de tabaco afecta el cumplimiento de 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030, como: fin de la pobreza, protección del medio ambiente, salud y bienestar, igualdad de género y crecimiento económico.

Al triplicar el impuesto al tabaco evitamos que cerca de 30 mil hogares en Colombia caigan en pobreza monetaria.[9]

  1. Se cuidará el medio ambiente

En las playas de Colombia las colillas son uno de los desechos más recolectados. Solo una colilla contamina 1.000 litros de agua con efectos tóxicos en seres vivos.[10] El tabaco genera 5 mil millones de colillas que se convierten en residuos sólidos y contaminan 5 billones de litros de agua.

Gracias al aumento del impuesto al tabaco adoptado en 2016, se evitó que 2.190 millones de colillas se convirtieran en desechos tóxicos en los últimos 4 años. Si triplicamos ahora el impuesto, lograremos una reducción de otras 1.753 millones colillas.[11]

Material para prensa: fotos, audios, videos

Más información para medios de comunicación:

Karen Maldonado Aldana / Periodista Shakti Comunicaciones

Cel. 300 2647636 / [email protected]

Claudia Marcela González / Directora de Prensa y Comunicaciones Shakti Comunicaciones

Cel. 315 6713469 / [email protected]

Ibon Munévar G. / Directora Shakti Comunicaciones

Cel. 300 5728817 [email protected]

[1] Maldonado, Llorente, Reynales y col. 2022.

[2] Instituto Nacional de Cancerología y col.. (2021) Cómo enfrentar la carga de cáncer en Colombia.

[3] Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del DANE

[4] PNUD y col. (2019). Caso a favor de la Inversión en la Implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en Colombia. URL: https://www.undp.org/es/colombia/publications/caso-de-inversion-favor-del-control-del-tabaco-en-colombia.

 

[5] OPS (2018). Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas 2018. URL: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49237

 

[6] Carpentera, C y P Cook (2008). (Cigarette taxes and youth smoking: New evidence from national, state, and local Youth Risk Behavior Surveys). En: Journal of Health Economics 27.2. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2007.05.008 y Chaloupka, Frank y H Wechsler (1997). (Price, tobacco control policies and smoking among young adults). En: Journal of Health Economics 16.3. DOI:10.1007/978-1-4615-1907-2\ _219

 

 

[7] Asociación de Sociedades Científicas, Comunicado sobre la reforma Tributaria, agosto 26 de 2022. http://sociedadescientificas.com/comunicado-a-la-opinion-publica-2

 

 

[8] Malone RE, Yang JSTobacco: a threat to development?Tobacco Control 2017;26:241-242. https://tobaccocontrol.bmj.com/content/26/3/241

 

[9] Maldonado, Norman, Blanca Llorente, Luz Myriam Reynales y col. (2022). ((Tobacco taxes as the unsung hero: impact of a tax increase on advancing Sustai- nable Development in Colombia)). En: International Journal of Public Health. DOI: 10.3389/ijph.2022.1604353

 

[10] Stigler Granados, P., Fulton, L., Nunez Patlan, E., Terzyk, M., & Novotny, T. E. (2019). Global health perspectives on cigarette butts and the environment. Inter- national journal of environmental research and public health, 16(10), 1858.

Zafeiridou, M., Hopkinson, N. S., & Voulvoulis, N. (2018). Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain. Environmental science & technology, 52(15), 8087-8094.

Novotny, T. E., & Slaughter, E. (2014). Tobacco Product Waste: An Environmental Approach to Reduce Tobacco Consumption. Current environmental health reports, 1(3), 208–216. https://doi.org/10.1007/s40572-014-0016-x.

[11] Maldonado, Norman, Blanca Llorente, Luz Myriam Reynales y col. (2022). ((Tobacco taxes as the unsung hero: impact of a tax increase on advancing Sustainable Development in Colombia)). En: International Journal of Public Health. DOI: 10.3389/ijph.2022.1604353.

Bogotá, D.C. 10 de noviembre de 2022. Una investigación realizada por la Universidad de los Andes, Save the Children, Educapaz, la Fundación CINDE y Red PaPaz, con el objetivo de contribuir a la capacidad del sistema educativo para garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en los colegios, da cuenta de la realidad que afrontan varias instituciones educativas del país y devela los retos que tiene el nuevo gobierno para avanzar en la garantía de derechos en el entorno escolar post COVID 19.

 

En el marco de esta investigación, fueron encuestados rectores de 865 instituciones educativas adscritas a 11 secretarías de educación que, para efectos del estudio, se agruparon así: Grupo 1: Antioquia, Manizales, Norte de Santander, Arauca y Quibdó; y Grupo 2: Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Palmira, Nariño y La Guajira.

 

La encuesta, que se realizó entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 para las secretarías del grupo 1, y entre febrero y abril de 2022 para las del grupo 2, indagó por 6 temas: 1) infraestructura; 2) proceso de reapertura; 3) asistencia escolar y COVID 19; 4) riesgo de deserción; 5) salud mental; 6) formación docente.

 

Los hallazgos son:

 

Información sobre infraestructura:

  • 80% de los rectores encuestados en Quibdó y 50% en La Guajira, afirman que sus instituciones educativas aún no cuentan con acueducto.
  • Más del 60% de los rectores encuestados en La Guajira, Quibdó, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Tolima y Valle del Cauca reportan que sus colegios tampoco cuentan con Internet.
  • Más del 62% de los rectores encuestados en Norte de Santander, Quibdó y La Guajira, aseguran que sus instituciones tampoco cuentan con espacios de uso común como bibliotecas, auditorios, canchas deportivas y zonas verdes.

 

Información sobre salud mental y formación docente:

  • De acuerdo con los rectores encuestados, el 50% o más de los docentes en Arauca, Norte de Santander, Quibdó, La Guajira y Nariño, no ha recibido ningún tipo de formación en salud mental.
  • La salud mental es uno de los mayores retos que enfrentan los colegios hoy. Docentes, familias y estudiantes manifiestan la necesidad de contar con mayores herramientas para la gestión de emociones, apoyo profesional y rutas de atención efectivas.

Información sobre asistencia escolar:

  • 38% de los rectores encuestados en Antioquia, Quibdó, Norte de Santander, Arauca y Manizales y el 27% encuestados en Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Palmira, aseguran que una de las principales razones de inasistencia escolar es que las niñas, niños y adolescentes deben trabajar para ayudar a sus familias.
  • Aunque la mayoría de los rectores no percibe diferencias de asistencia por género, el 14% de los rectores encuestados en Antioquia, Quibdó, Norte de Santander, Arauca y Manizales y el 8% encuestados en Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Palmira, aseguran que los niños tienen mayores probabilidades de no ir a la escuela con respecto a las niñas.

 

Según la Fundación CINDE, el cierre de las escuelas por COVID 19 hizo más visibles las desigualdades que afectan a las niñas, niños y jóvenes. Es clave mantener las escuelas abiertas durante circunstancias similares. Si se toma la decisión de cerrarlas, debe ser por el tiempo mínimo necesario.

 

Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, considera fundamental articular esfuerzos intersectoriales para fortalecer la atención en salud mental de estudiantes y docentes; monitorear la deserción e inasistencia escolar; y garantizar el acceso a agua potable en los colegios.

 

Save the Children resalta como urgente que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, se plantee la superación de brechas en el acceso y calidad en la educación. Se proyecte el objetivo de mejorar la infraestructura deteriorada por la pandemia; fortalecer la educación socioemocional para docentes y estudiantes; e impulsar la participación de la niñez en la construcción de paz, especialmente en entornos rurales.

 

En tiempos de post pandemia y de transición política, Educapaz sugiere impulsar una política pública de educación socioemocional y para la reconciliación, que dialogue con la enseñanza del pasado reciente desde una mirada educativa humanizante que incorpore enfoques diferenciales.

 

Finalmente, Sandra García, de la Universidad de los Andes sugiere, además de priorizar la inversión en infraestructura educativa, ir mucho más allá. La infraestructura es un factor habilitante necesario, pero insuficiente para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela y aprendan en ella. En ese sentido, resalta como indispensable que el nuevo gobierno aborde la educación desde un enfoque multidimensional y brinde las condiciones necesarias para que los docentes ejerzan su labor en buenas condiciones.

Presentamos solicitud medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se exija la implementación del etiquetado frontal de tipo circular que estableció la Resolución 810 de 2021, debido a que será modificado próximamente por un nuevo sistema de etiquetado octagonal de advertencia, con nuevo puntos de corte que se basan en la mayor evidencia científica libre de conflicto de interés y las recomendaciones de la OPS.

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