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Logros y Acciones

Red PaPaz presentó solicitud al Ministerio de Salud y Protección Social para que ajuste el proyecto de resolución que establece el etiquetado frontal de advertencia, que actualmente incluye el sello circular, y la modifique por el sello octagonal de advertencia y restablezca la incompatibilidad entre los sellos de advertencia y las declaraciones en salud.

En la carta, Red PaPaz manifiesta que la cartera este ad portas de expedir una regulación de etiquetado que no se apoya en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés, reafirmando varios estudios que han identificado que los octágonos son más efectivos para advertir a los consumidores los riesgos de consumir productos que contienen exceso de nutrientes críticos.

Red PaPaz presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Salud y Protección Social en el que solicitó informar si las bebidas energizantes se consideran incluidas dentro de la prohibición de facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar sustancias psicoactivas a niñas, niños y adolescentes.

En respuesta, el Ministerio de Salud estableció que actualmente la Subdirección de Salud Nutricional, está realizando la revisión de la Resolución 4150 de 2009, la cual es el reglamento técnico vigente para las bebidas energizantes, mediante la metodología de análisis de impacto normativo (AIN):

“De acuerdo con esta norma las bebidas energizantes están reconocidas como alimentos, así que no hay argumento legal en este momento para asemejarlas a las sustancias psicoactivas, sin embargo, tenemos razones de diferente índole como las anteriormente expuestas para considerar la ampliación de la restricción de venta para mayores de 18 años de edad, como una de las alternativas del AIN”.

La evidencia científica demuestra que las políticas alimentarias son necesarias para frenar las crecientes tasas de enfermedades asociadas a la mala alimentación

 

Bogotá D.C., 21 de abril de 2021 – En un artículo publicado recientemente en The Lancet, ‘Diabetes and Endocrinology’ (Diabetes y Endocrinología), expertos globales y líderes en nutrición instan a los gobiernos a tomar acciones inmediatas para aprobar políticas de salud basadas en evidencia que promuevan una alimentación saludable. Recomiendan, especialmente, la implementación de impuestos a las bebidas endulzadas, restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niñas, niños y adolescentes, etiquetado frontal de advertencia en los empaques de productos ultraprocesados y políticas de alimentación escolar.

 

El artículo, en donde se destaca la incidencia del consumo de bebidas y comestibles ultraprocesados en las enfermedades no transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes, demuestra la efectividad de las políticas alimentarias en la reducción del consumo de estos productos.

 

Los investigadores señalan que una de las maneras más efectivas de desincentivar el consumo de estos productos comestibles ultraprocesados es mediante la implementación de impuestos. Citan estudios donde se demuestra que los impuestos a las bebidas endulzadas han contribuido a reducir los índices de consumo. Más aún, dichos estudios indican que estos impuestos hasta ahora no han tenido ningún impacto sobre las tasas de empleo.

 

Además, establecen que el etiquetado frontal de advertencia ha contribuido a que los consumidores identifiquen más fácilmente las bebidas endulzadas y los comestibles ultraprocesados, desincentivando así su consumo habitual. Según los estudios, el uso de la etiqueta octogonal de advertencia, comparada con otros tipos de etiquetado frontal de advertencia, ha reducido considerablemente los índices de consumo, creando a la vez una mayor conciencia.

 

La evidencia destacada en este artículo muestra qué tan efectivas pueden resultar estas políticas para reducir el consumo una vez implementadas y permiten a los consumidores tomar decisiones informadas en beneficio de su salud.

 

A pesar de la evidencia científica, las recomendaciones de expertos y las múltiples acciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y académicos en los últimos cinco años, en Colombia aún no tenemos estas medidas que nos ayudarían a reducir los altos índices de enfermedades no transmisibles. Según la Encuesta de Salud Nutricional 2015, 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan la misma situación.

 

Países en Latinoamérica como Chile, México, Uruguay y Perú ya implementaron políticas de salud alimentaria que están logrando cambiar con éxito los sistemas y, por lo tanto, incidir en la prevención de las enfermedades no transmisibles. Estas políticas motivan a las personas a elegir alimentos y bebidas más saludables y les permiten estar informados sobre el contenido de los productos que consumen. Chile adoptó un paquete de políticas que incluye restricciones al mercadeo, etiquetado frontal de advertencia y políticas de alimentación escolar. Con estas medidas se mitiga la exposición de niñas y niños a la ‘comida chatarra’ en hogares y escuelas. Políticas fiscales, como las implementadas en México y Sudáfrica, redujeron el consumo de las bebidas endulzadas sin generar pérdidas de empleo en la industria de comestibles y bebidas, un argumento a menudo invocado por el sector. Brasil estableció un programa de alimentación escolar potencialmente revolucionario, que se está empezando a evaluar.

 

Al mismo tiempo, la industria de productos ultraprocesados ha intentado interrumpir estos avances en materia de políticas públicas en salud alimentaria, sigue promocionando sus productos nocivos, mientras bloquea estas políticas afirmando que se requieren más pruebas para demostrar resultados favorables para la salud. Es preciso evaluar, denunciar y neutralizar sistemáticamente a esta industria para que no interfiera en el proceso de formulación de políticas de salud alimentaria.

 

Barry Popkin, distinguido profesor de nutrición de la Facultad de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, afirmó que: “Las crecientes tasas de diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades no transmisibles, asociadas a la nutrición, constituyen un llamado a tomar acción. Hemos demostrado que la implementación de impuestos sobre la comida chatarra y las bebidas azucaradas no saludables, así como el etiquetado frontal de advertencia, representan medidas efectivas y no hay por qué esperar a obtener más evidencia – los costos de estas enfermedades son demasiado altos. También hemos demostrado que estas prácticas tendrán un impacto positivo en la salud de los hogares de menores ingresos y educación, una de las metas principales dirigida a reducir las desigualdades a nivel global”.

 

Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz “Debemos actuar con sentido de urgencia, el Congreso debe aprobar la #LeyComidaChatarra y el #ImpuestoSaludableYA a las bebidas endulzadas para reducir las crecientes tasas de enfermedades no transmisibles en Colombia. Este y el etiquetado frontal de advertencia son una forma de ayudar #ACerrarBrechas, con ellos se favorecerán familias más podres y con menos nivel educativo. Agradecemos a estos expertos este oportuno llamado a los gobiernos para actuar de inmediato, acorde con la mejor evidencia científica disponible libre de conflictos de interés”.

 

 

 

 

Enviamos una comunicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando una reunión para presentarle la evidencia científica que respalda la implementación del impuesto a las bebidas endulzadas como una medida coso efectiva para la reducción de enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes.

La invitación se dio debido a que en el contexto de la presentación de la propuesta de la reforma tributaria, esta cartera manifestó la apertura del Gobierno, y en particular de su cartera, para explorar este tipo de medidas y su impacto en las externalidades de la salud de los colombianos.

Así mismo, desde Red PaPaz incluimos una lista de expertos que podrían participar en este encuentro

#ExijoElDerechoAlRecreoYa

Red PaPaz presentó una tutela contra el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, el ICBF, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación de Bogotá buscando  el retorno inmediato a la presencialidad en los colegios públicos y en la atención integral a la primera infancia, así como, proteger los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral en la primera infancia, a la vida, a la educación, al cuidado y amor, a la salud, a la alimentación, a la comunicación, a la integridad y a la igualdad.

Los argumentos expuestos son:
1. La suspensión de actividades escolares y de atención a la primera infancia ha generado pérdidas en el aprendizaje, afectaciones a la salud emocional, menores ingresos.
2. Aun cuando existen lineamientos y protocolos de bioseguridad para el retorno a los establecimientos educativos, una gran mayoría de la prestación del servicio a cargo de la SEC y la SED, continuó en la modalidad no presencial.
3. La alternancia y el retorno de niñas, niños y adolescentes a clases presenciales de manera “gradual y progresiva” es discriminatorio ya que, al delegar la implementación de este modelo condena a población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin acceso al internet.
4. Las instituciones educativas ofrecen espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, en donde se protege su vida e integridad física y emocional.
5. La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños.
6. Los servicios de atención a la primera infancia son servicios públicos esenciales del Estado. Por lo tanto, no pueden interrumpirse.
7. La Prestación remota de estos servicios ha sido completamente deficiente:
(i) Se ha perdido el registro de peso y talla, los registros sobre situación nutricional, y el seguimiento a la vacunación;
(ii) La prestación remota de estos servicios no se adaptan a la realidad de las familias, que pueden tener más hijos, padres, madres y cuidadores necesitan trabajar para subsistir, las niñas y niños terminan bajo el cuidado de familiares o vecinos; y,
La ración alimentaria que se entrega a las familias no tiene en cuenta las necesidades nutricionales individuales de las niñas y los niños de la primera infancia.
8. Finalmente, desde el 31 de diciembre de 2020, por problemas y retrasos en la contratación de los Operadores, no se está prestando ningún servicio de atención integral de la primera infancia.
9. El ICBF no tiene fechas determinadas ni ha publicado planes o lineamientos para el regreso a la prestación presencial, a pesar del supuesto éxito de los pilotos de reapertura de noviembre de 2020.

 

El pasado 26 de marzo, la Juez Stella María Osorno Bautista, del Juzgado sexto laboral del circuito en Bogotá, negó la tutela por considerar que la acción no era procedente.

El 7 de abril Red PaPaz presentó una impugnación reiterando la grave violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes como consecuencia de la interrupción de la prestación presencial del servicio educativo y de la atención integral a primera infancia.

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